- Multas Económicas: • Multas: La infracción de permitir el acceso a una persona inscrita en el RGIAJ puede conllevar multas que van desde los 6.000 euros hasta los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, el grado de intencionalidad, y si se trata de una reincidencia.
- Suspensión de Actividades: • Suspensión Temporal: Además de las multas, la empresa puede enfrentarse a la suspensión temporal de su actividad de juego por un período de hasta seis meses.
- Inhabilitación: • Inhabilitación para Operar: En casos de reincidencia o infracciones graves, la empresa podría ser inhabilitada para operar juegos de azar por un período de hasta cuatro años.
- Responsabilidad Administrativa: • Sanción Administrativa: La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el órgano competente para imponer sanciones a las empresas que incumplan las normativas del RGIAJ. La empresa será sometida a un procedimiento sancionador que evaluará la infracción y determinará la sanción correspondiente.
- Daño Reputacional: • Pérdida de Licencia o Autorización: Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la empresa podría incluso perder su licencia o autorización para operar juegos de azar en España.
• Reputación: Además, la empresa podría sufrir un grave daño a su reputación, lo cual puede afectar su relación con los clientes y con otras partes interesadas en el sector del juego. - Obligación de Indemnización: • Indemnización de Daños: Si se demuestra que la empresa ha permitido el acceso de manera negligente o intencionada, la persona afectada podría reclamar una indemnización por los daños sufridos debido al incumplimiento.
- Supervisión y Control: • Inspecciones: Las empresas de juego están sujetas a inspecciones y controles periódicos por parte de las autoridades competentes. La detección de incumplimientos puede desencadenar sanciones adicionales y la intensificación de las medidas de control.
Ejemplo de Normativa Aplicable:
• Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego: Esta ley regula el juego en España y establece las obligaciones de los operadores de juego, incluyendo la obligación de verificar si los usuarios están inscritos en el RGIAJ y, en caso afirmativo, impedirles el acceso a los servicios de juego.
En resumen, las consecuencias para una empresa que permite el acceso a una persona inscrita en el RGIAJ son graves y pueden afectar significativamente tanto a nivel económico como operativo. Es fundamental que las empresas implementen rigurosos sistemas de verificación para cumplir con esta normativa y evitar cualquier incumplimiento que pueda derivar en sanciones severas.